EL DESARROLLO Y EL EGOÍSMO INTELIGENTE

           
            Para algunos, el compromiso en la lucha contra la pobreza y el fomento del Desarrollo son “imperativos morales” de nuestra sociedad a los que nuestros Gobiernos deberían dar la máxima prioridad política. Pero muchos otros o simplemente no comparten este punto de vista o, enfrentados con cuestiones más domésticas y personales, encuentran muy difícil priorizar -con la que está cayendo- ese objetivo en el ejercicio de sus responsabilidades cotidianas.

            Como es fácilmente constatable, los argumentos de solidaridad, repetidos como un mantra, llegan a quienes llegan y consiguen lo que consiguen. Lamentablemente ya conocemos cuál suele ser el desenlace de esta disyuntiva en nuestro país: la mayoría de las políticas públicas y prácticas privadas consideran el Desarrollo Internacional, a lo sumo, un bien deseable pero que nunca aparecerá entre sus prioridades estratégicas.

            Recientemente se ha difundido un informe dirigido especialmente a ese público reacio. Plantea una hipótesis arriesgada: ¿y si la adopción de medidas políticas de las que podríamos denominar “justas” (por su impacto social, económico y/o medioambiental en sus destinatarios) resultara ser la forma más estratégica e inteligente de promover y defender los intereses particulares de nuestro país?.

            Sería una manifestación de lo que ha venido a denominarse el "egoísmo inteligente”. Este informe lo lleva hasta sus últimas consecuencias: ¿existen en realidad este tipo de “círculos virtuosos de egoísmo inteligente” o son simplemente otra propuesta teórica que se desmorona a la mínima que se intenta trasladar a la práctica?.

            Pues no es así, pues datos recientes muestran que las “inversiones socialmente responsables” están obteniendo, de media, mejores resultados en el actual contexto de crisis que las inversiones “convencionales”. La promoción por parte de los poderes públicos de un “modelo español de inversión extranjera” basado en la responsabilidad y en los más altos estándares sociales y medioambientales, podría otorgar a nuestras empresas una nueva ventaja comparativa, mejorar su habilidad para gestionar los riesgos inherentes a invertir en países en desarrollo y facilitar futuras oportunidades de negocio en dichos países. Varios de nuestros países socios llevan años haciéndolo. El potencial de este tipo de inversiones en nuestro país es aún enorme: de los de los 1,2 billones de euros que supusieron estos fondos en el conjunto de Europa en 2009, España sólo gestionó 14.700 millones de euros.

            Más aún, puede dar igual si una política pública o una práctica privada “justa” es adoptada por obligación legal, por convicciones morales, por cargo de conciencia o por “egoísmo inteligente”, pero lo fundamental es que se adopten realmente.